L@s trabajador@s.
La deficiencia de medios se suplen con el esfuerzo de los profesionales sanitarios, aprisionados entre las demandas legítimas de enfermos y familiares y la burocracia de los políticos. La satisfacción del deber cumplido por parte de médicos, ATS, auxiliares, enfermeras, limpiadoras y otr@s trabajador@s de la Sanidad es, a menudo, una recompensa respecto a sus malas condiciones de trabajo. En un mundo de individualismo exacerbado, el contacto directo entre la persona sanitaria que cuida y la persona enferma que es cuidada, activa la dimensión social de l@s profesionales. Este vínculo contiene una enorme potencia sanadora y compensa, en parte, las deficiencias del sistema de salud.
No hay mejor causa que devolver la salud a quien la ha perdido o atenuar el dolor de quienes sufren. Sin embargo ese esfuerzo sirve a los fines perversos de los políticos y las contratas privadas que tratan la salud de las personas con criterios puramente económicos. La deontología profesional y el sacrificio de l@s sanitarios oculta, sin querer, los abusos de las contratas y concesionarias y los efectos de las decisiones de los políticos.
Las decisiones que externalizan y privatizan servicios sanitarios y que precarizan el empleo, ejercen una gran violencia sobre el derecho a la salud de los ciudadanos y los derechos laborales y sindicales de l@s trabajador@s sanitarios. Una forma de combatir esta violencia sería permitir que sus consecuencias afloren. Pero, para los profesionales de la sanidad, supone abandonar a quienes necesitan cuidados. De su deontología profesional se aprovechan las empresas y los políticos. Las personas enfermas son los escudos humanos tras los que se esconden los enemigos de la salud pública.
El corporativismo sindical propicia una perpetua guerra de guerrillas de cada estamento sanitario contra los efectos de las políticas neoliberales en sus propias condiciones laborales. Este corporativismo conduce, ha conducido ya, a la institucionalización de la impotencia. Defender los intereses de cada estamento, al margen de los otros estamentos, de los enfermos y de la protección social de la salud, es irracional y beneficia al enemigo común.
Es necesario concebir el bienestar de cada estamento como una parte del bienestar del sistema sanitario, con los enfermos en primer lugar. El sindicalismo actual funciona justamente al contrario: cada estamento, a veces con su sindicato particular, trata de conseguir sus propias mejoras al margen, y si hace falta a costa, de otros estamentos.
Privatizacion, precariedad y ancianos.
En las residencias para personas mayores se muestra lo que nos espera con la privatización sanitaria.
En la residencia “Ballesol” de Tres Cantos (Madrid) no se respetan los derechos humanos de los ancianos(**).
"L@s abajo firmantes queremos señalar las anomalías que, en la mencionada residencia, vivimos los familiares que, a diario, intentamos paliar el déficit de atención sobre nuestros familiares. Durante meses hemos presentado múltiples quejas a la dirección sin resultado alguno. Todo son buenas palabras pero no hay soluciones.
La desatención a los ancianos internos es constante. No hay coordinación entre el personal. Nadie sabe casi nada de ningún residente. No se vigila si comen o no comen. No se vigila adecuadamente la medicación. No se preocupan a su tiempo de los análisis clínicos de algunos residentes, ni de su estado. Lo tienen que detectar los familiares y decírselo al médico. Algunos ancianos, más dependientes por su edad o su estado psíquico, no son aseados debidamente, no les dan el agua que requieren, no les llevan al servicio cuando lo necesitan. Tampoco pasean a las personas que están en sillas de ruedas aunque esté prescrito por el médico y advertido por los familiares. La comida es deficiente. La ropa se pierde y constantemente tenemos que ir a la lavandería. A veces no aparece y tenemos que reponerla volviendo a comprar lo perdido. Todo esto es ocultado y negado por la dirección, a pesar de ser evidente para familiares y trabajadores.
Un problema fundamental es la falta de personal cualificado para hacer con rigor el trabajo que los ancianos necesitan. El personal se va porque les pagan un salario de miseria. Se produce una constante rotación del escaso personal con el consiguiente desconcierto que esto les supone a los ancianos. Nunca conocen a sus cuidadoras.
Cuando antes de ingresar a nuestros mayores, vamos a conocer esta residencia somos deslumbrados por unas magníficas instalaciones. Posteriormente comprobamos que nuestros familiares están en un asilo, bien decorado pero donde se trata a los ancianos como una mercancía y no como personas vulnerables que, además pagan directa o indirectamente a la Empresa Privada Ballesol una cuantiosa mensualidad.
Según hemos podido comprobar todo lo descrito no es culpa del personal, porque observamos que todos trabajan mucho y en condiciones de mucha presión pero, por su reducido número no pueden atender a todas las necesidades de los ancianos y ancianas."
La privatización sanitaria, flanqueada a menudo por las practicas antisindicales de las empresas, hace imposible la libertad de asociación, expresión, reunión y negociación de l@s trabajador@s, mayoritariamente eventuales y disuelven de un plumazo, tanto los derechos humanos de los ancianos, como los derechos y libertades laborales y sindicales de l@s trabajador@s.
Manuel Lamela y el PP.
Manuel Lamela nació en Burgos en 1962. Es abogado del Estado y militante del Partido Popular desde 1980. Sustituyó a Juan José Echaniz en la Consejería de Sanidad en Noviembre de 2003. Ha pasado por el Ministerio de Economía y Hacienda como jefe de gabinete de Rodrigo Rato, a quien se considera su protector. Desde 1997, fue subsecretario de Estado del Ministerio de Agricultura, con Loyola de Palacio y posteriormente con Miguel Arias Cañete. Demostró sus excelentes dotes de gestor capeando diversos escándalos alimentarios: las “vacas locas”, el fraude de las subvenciones al cultivo del lino, la exportación de aceite de orujo contaminado con benzopreno, sustancia cancerigena, a la República Checa.
Por esos méritos, Esperanza Aguirre le fichó en mayo de 2003 como Consejero de Sanidad de la CAM para que continuara la entrega de la sanidad pública a las empresas privadas.
El 22 de Marzo de 2005, Lamela filtró a la prensa el informe basado en denuncias anónimas según el cual destituyó a Luis Montes por 400 casos de homicidio, reducidos después a docena y media de sedaciones irregulares, finalmente negadas por la sentencia firme y sin recurso posible de la Audiencia Provincial de Madrid.
Esta decisión no la tomó solamente Lamela. Fue asesorado y apoyado por el Consejo Superior de Sanidad de Madrid, un órgano consultivo integrado por médicos nombrados a dedo y liderado por Hernán Cortés Funes, oncólogo del hospital Doce de Octubre y amigo personal de Esperanza Aguirre.
La respuesta popular a este atentado activó en el PP un mecanismo ya conocido. Primero cerró filas alrededor de su agente descubierto. Acebes manifestó “todo el apoyo a Manuel Lamela” y Rajoy le calificó como “uno de los mejores políticos del PP”. Una vez demostrada la falsedad de la acusación, ésta se volvió contra sus autores. El PP, tal como hizo con el atentado del 11-M-04, arremetió contra quienes denunciaban sus desmanes.
La Comisión Lamela, sin consultar a los familiares de los fallecidos ni a los médicos, concluyó que había 73 sedaciones “no indicadas o contraindicadas”. Argumentó, para mantener su acusación, que “los pacientes más sedados se morían antes”, desconsiderando la opinión de los médicos que explicaron que “los pacientes que se mueren antes son los más graves y por lo tanto, los que reciben más sedación”.
A partir de aquí, el 24 de Mayo de 2005, Arturo Canalda – entonces viceconsejero de Sanidad y hoy Defensor del Menor de Madrid - denunció al Doctor Montes y su equipo. La denuncia fue asumida por el Juzgado de Instrucción nº 7 de Leganés, cuyo titular, el juez Rafael Rosel decidió imputar a los acusados en contra de la opinión del ministerio fiscal. Hoy, Lamela niega dicha denuncia, afirma no arrepentirse de nada y niega que Montes y los otros médicos fueran destituidos por esta “caza de brujas”. Esperanza Aguirre, Zaplana y el resto de dirigentes del PP cierran filas, una vez más, en torno a Lamela.
Podemos añadir, para el expediente de este señor, otros servicios a la “modernización” de la sanidad durante sus cuatro años de Consejero (V´03 a V´07): Ha impulsado el sistema de concesiones privadas a grandes constructoras para los ocho hospitales de referencia de área prometidos por Esperanza Aguirre. Ha manipulado el sistema de cómputo de la lista de espera para ocultar el incumplimiento de reducirla a 30 días (“ó dimito”) de la presidencia del gobierno de la CAM. Ha boicoteado la aplicación de la “ley antitabaco” con un decreto que ha desanimado a los establecimientos que querían cumplirla. En el asunto “Severo Ochoa” ha liderado la campaña mediática de calumnias, nombrado a dedo comisiones de investigación. Trasladó el caso a la fiscalía para ganar tiempo cuando el Colegio de Médicos preparaba un informe y denunció el caso en el juzgado para paralizar el trabajo de la fiscalía cuando ésta comprobó que no había delitos ni faltas y no se arrepiente de nada.
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Notas:
*Deontología: Sinónimo de ética. Se ocupa del deber de un@s respecto de otr@s.
**Pliego de firmas de familiares de ancianos. La noticia saltó a la prensa y a la radio. Hubo pequeñas mejoras temporales pero la falta de personal sigue produciendo los problemas señalados. El coste de esta residencia es de 2.200 € al mes por persona (4,4 mill de pts/año).
“La Batalla del Ramón y Cajal y otras batallas en defensa de la Sanidad Pública. Una mirada (autocrítica) desde el sindicalismo”. VVAA. Editorial Kehaceres. Madrid, 2005. 208 páginas. 9,00 €.
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La batalla del Hospital Severo Ochoa de Leganés contra la privatización sanitaria I, II, III